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SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL EN LA DISPUTA ENTRE ARAGÓN Y CATALUÑA POR LA RECOMPRA DE LOS BIENES DEL MONASTERIO DE SIGENA:

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25/01/2012. El pleno del Tribunal Constitucional admite el recurso interpuesto por el Gobierno catalán contra la aplicación del derecho de retracto planteado desde Aragón sobre las piezas del patrimonio histórico-artístico del Monasterio de Sigena vendidas en los 80 a la Generalitat de Cataluña, considerando que la venta de las monjas del monasterio al Gobierno catalán fue legal.

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La sentencia pone fin a un conflicto de competencias planteado en 1997, argumenta que la aplicación de un derecho de retracto sobre los bienes en conflicto hubiera supuesto una extralimitación del Gobierno aragonés en el ejercicio de sus competencias y un menoscabo de las que corresponden a Cataluña.

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El tribunal considera que en el conflicto planteado prevalecen los derechos de Cataluña, ya que es a esta comunidad a la que corresponde ejercer la competencia sobre bienes patrimoniales depositados en su territorio con independencia de su lugar de origen.

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La resolución estima los planteamientos de la representación legal de Cataluña al afirmar que la demanda no pretende determinar la titularidad de los bienes de Sigena sino la potestad administrativa de tutela sobre ellos. El tribunal valora el derecho de retracto alegado desde Aragón.

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Hubiese bastado que se negociara la retirada de ese conflicto y que la Generalitat dejase a los aragoneses recuperar esas piezas, no sin pagar su justo precio. 

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Los votos particulares de cuatro de los magistrados contra la sentencia cuestionando algunos de los argumentos y la relevancia constitucional dada al conflicto, demuestran que al anular la orden de derecho de retracto se está anulando el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Aragón ya que limita su operatividad.

La sentencia dice que como esos bienes ya están en otra comunidad autónoma no podemos ejercer competencias para defenderlos, se nos impone un límite territorial que haría que una parte de nuestro Estatuto quedara vacío.

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Resolución cobarde, discriminatoria y ofensiva para el pueblo y las instituciones aragonesas.

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El carácter “controvertido” de la sentencia permite a Aragón, moral e históricamente, seguir reivindicando los bienes.

No supone el final del proceso de reivindicación del patrimonio histórico aragonés, sino que constituye una etapa nueva en la lucha en defensa de los bienes histórico artísticos de la Comunidad.

Ahora la principal intención es “atacar la venta” de los bienes, la anulación de este contrato por entender que en el momento de la compra no se tuvo en cuenta que los bienes muebles formaban parte inseparable de un monumento declarado de Interés Nacional, (en marzo de 1923) , tal y como recoge la Unesco sobre el patrimonio cultural.

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Existencia de dos tablas de medir para las reivindicaciones de los distintos territorios, lo que sirve para los papeles de Salamanca debe servir también para Aragón.

Si realmente prevalece el sitio donde están depositadas las piezas, ¿por qué la Generalitat de Cataluña fue a Salamanca a recuperar los papeles de la Guerra Civil?

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El origen catalán del ponente de la sentencia y su publicación después del fallo emitido sobre la constitucionalidad del Estatut d’autonomia de Catalunya son muchas coincidencias…

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MÁS INFORMACIÓN PULSANDO:

BIENES DIÓCESIS BARBASTRO-MONZÓN Y OTROS… (los mal llamados bienes “de la franja”)

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